Los medios en el medio: 30 minutos para entender el caso argentino

Definitivamente, los taxistas son los verdaderos oráculos de las laberínticas calles de una ciudad a la que queremos descubrir.

En una de las calles de Buenos Aires, mientras buscábamos una confitería donde se pueda tomar una clase de tango, pregunté al taxista: ¿cómo interpreta usted la ley de medios aquí en Argentina?

"Mire, antes, para ver los goles que un viernes le hacía Boca a River, en la televisión de señal abierta, debía esperar hasta el martes; hoy los podré ver en directo. No ve que el Grupo Clarín tenía los derechos y la prohibición para que se transmitan en señal abierta?"
Si usted es periodista -o pretende serlo algún día- dedíquele 30 minutos de su vida para mirar esta producción y sus revelaciones.

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Una ley que no mejorará el periodismo

Conclusión: el país ha perdido la gran oportunidad de contar con una ley que garantice lo que acertadamente se incluyó en la última Constitución de Montecristi: el derecho a una “comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa”, como lo establece el numeral 1 del artículo 16, Sección Tercera. A una comunicación como condición humana vital como lo es respirar. No solamente la comunicación mediática, sino otra mucho más amplia.

Lamentablemente el intento naufragó en medio de los cálculos y cabildeos políticos; de la egoísta posición de detractores que antepusieron sus intereses de grupo; de la mediocridad de asambleístas que en su momento fueron hábiles políticos capaces de reemplazar “constitucionalmente” a presidentes, de organizar golpes de Estado o de ejercer un periodismo sensacionalista. Porque fueron todo menos legisladores con solvencia moral y académica.

Y lo que dieron forma no fue una ley que esté a la altura de lo que manda la Constitución. Conformaron una serie de remiendos que pretenden enseñar a ejercer un “mejor periodismo”. Entonces en su proyecto nos dicen que los periodistas debemos contrastar y verificar. Dos lecciones que se enseñan en los primeros niveles de las escuelas de comunicación social, y que si bien hay periodistas que no contrastan ni verifican, han sido los políticos quienes se han beneficiado de la deficiencia y falta de rigurosidad profesional. Sus denuncias catapultaron a muchos a los escaños del Congreso, hoy Asamblea. Ellos, que tuvieron falta de escrúpulos para lanzar especulaciones, encontraron periodistas mediocres que les hicieron el juego.

Y fue el Gobierno el que terminó sembrando dudas cuando, en la práctica, contradecía lo que pretendía regular: la posibilidad de aplicar la cláusula de conciencia para negarse a “desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación”, como ocurrió en El Telégrafo.

Todos le fallaron al país. Los promotores de la ley, y quienes se sentían amenazados.

Dicho sea de paso, he leído con atención el proyecto de Ley de Comunicación en más de una ocasión buscando los argumentos que me den la licencia de llamarla “Ley Mordaza”, y no los he encontrado. Que perdonen mis limitaciones quienes piensan lo contrario.

Tampoco creo que la ley, como está, vaya a garantizar la asignación de frecuencias de radio y televisión “con métodos transparentes y en igualdad de condiciones”, como manda la Constitución. Si esa fuera la intención, ya se estarían revirtiendo al Estado todas las frecuencias entregadas de forma ilegal y antiética, como lo demostró el informe de la comisión auditora formada por la transitoria vigésimo cuarta de la Carta Magna.

En todo este proceso faltó pedagogía de ambos lados: Gobierno y prensa; pedagogía para involucrar al ciudadano en la elaboración de la Ley de Comunicación. Por eso la apatía demostrada por varios sectores, especialmente de los que no estamos en ese eje bicentralista Quito- Guayaquil. Porque nunca fuimos convidados a la elaboración de una ley –que sí nos afectará a todos– mientras nos llenaban con temores a un Consejo de Comunicación que finalmente no podrá clausurar medios.

Y ahora tenemos una ley que no mejorará el periodismo.

Artículo publicado en EL UNIVERSO

Los enemigos de la prensa

Aprovechando una soleada mañana a inicios de esta semana, recorro las calles del centro histórico, donde aun se escuchan los ecos de la celebración por los diez años de la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Allí coincido con periodistas locales con quienes intento intercambiar algunas opiniones. “A usted no lo saludo, ha sido enemigo de la prensa”, me dice la corresponsal de un diario nacional ante mi intención de saludarla. Desconcertado, solo atino a sonreír y retirarme.

Ya dentro de mi auto sintonizo una radioemisora. El locutor anuncia que “en apego al derecho de réplica vigente en la actual Constitución”, leerá un comunicado en el que un rector de colegio y un grupo de padres de familia dan su versión sobre delicadas acusaciones difundidas, en la misma emisora, una semana antes.

Entonces recuerdo el caso: hace ocho días la presentadora de noticias leyó un comunicado en el que se acusaba al rector de cobros indebidos, pese que rige una prohibición de pedir aportes a los padres de familia. La extensa nota ponía en duda el destino del dinero cobrado.

Solamente una semana después, y un poco por coincidencia, escuché la versión del acusado. En esta segunda carta pública, firmada por el rector y los directivos de los padres de familia, se exponían sus argumentos: la decisión de entregar el dinero la tomaron los propios padres de familia; hay un informe sobre el destino de los fondos que suplieron el pago de profesores especiales, etc.

No me corresponde juzgar la decisión de solicitar la colaboración de los padres de familia. Lo que sí juzgo es la ligereza con la que se trató la denuncia al presentarla solamente desde una de las partes. Y luego pretender lavar su error con el argumento de que “en apego al derecho de réplica vigente en la actual Constitución”, una semana después, se lea la aclaración. Todo estudiante de primer año de periodismo sabe que en una denuncia hay dos partes: acusador y acusado, y que ambas deben tener cabida en un mismo espacio para que los mismos lectores, radioescuchas o televidentes lean, escuchen o miren la tesis y la antítesis, y sean ellos los que saquen su síntesis. En un mismo espacio, no con una semana de diferencia. Basta que una sola persona no se haya enterado de la segunda parte del caso, para que en su imaginario quede, para siempre, la idea de que en ese colegio alguien roba algo a los padres de familia.

Y este es solamente un ejemplo.

Entiendo que para la corresponsal en mención, me volví un enemigo de la prensa por haber expuesto mi posición favorable a la regulación del oficio del periodismo. Y lo ratifico: esta actividad, extremadamente delicada, debe estar regulada. No controlada, y por el Gobierno menos.

No creo en la autorregulación, sí en la responsabilidad ulterior. A pesar de ser profesor universitario, no reivindico la colegiatura o la obligatoriedad del título de periodista; el título solo es el primer paso de una formación profunda y permanente.

Y si eso me vuelve un enemigo de la prensa, pues me declaro enemigo del periodismo mediocre.

Artículo publicado en EL UNIVERSO.

Sí, a las calles

Por: Rubén Darío Buitrón
¿Los periodistas debemos salir a las calles para defender nuestro trabajo? Sí, definitivamente sí.

Pero, ¿salir a las calles para qué? ¿Para gritar contra el Gobierno? ¿Para rechazar el nefasto proyecto dedicado contra los medios privados y mal llamado “proyecto de Ley de Comunicación”?

Salir a protestar es un derecho de todos los ciudadanos que sienten amenazadas sus libertades. Y las calles son el espacio más idóneo para expresarse cuando el poder político cierra los espacios de debate y deliberación.

Pero, ¿a los periodistas nos compete desfilar levantando carteles antipoder o gritando consignas? No lo creo.

A los periodistas nos compete hacer periodismo, no militancia partidista. Es la mejor manera de preservar nuestra autoridad crítica.

Porque el periodismo sería mejor si saliéramos a las calles a rehacer nuestras rutinas, a penetrar en lo más hondo del tejido social y a contar la vida desde ahí.

Estaría en mejor nivel si muchos reporteros no pasaran buena parte de su tiempo encerrados en el teléfono en busca de analistas, expertos y todólogos para que llenen de opiniones las noticias.

Estaría en un mejor nivel si muchos reporteros de la prensa gobiernista no pasaran buena parte de su tiempo recorriendo los pasillos de la burocracia en busca de frases prefijadas sin contrastar fuentes ni ejercer la duda.

Otro sería el nivel si muchos reporteros de la prensa “privada” dejaran de buscar intérpretes de la verdad y contaran los hechos directamente con el pulso que solo puede expresar la cotidianidad social.

Si hiciéramos un trabajo más riguroso, profundo, contextual, preciso y apegado a los hechos quizás pudiéramos recuperar los espacios de credibilidad que han sido demolidos por la campaña semanal del presidente Correa contra los medios y los periodistas que no se subordinan a él.

Sí, hay que salir a las calles.

Pero salir para mezclarse entre la gente, vivir lo que vive la gente de la calle, oler, gustar, tocar, mirar, escuchar la vida de la calle y de la gente.

Salir para desubicarnos, asombrarnos y perder las certidumbres, para no sujetarnos a un libreto monótono y circular, para encontrar nuevas fuentes, para saber en qué anda la gente, de qué está hablando, qué le interesa conocer, aprender, decir, compartir.

Hay que salir a las calles porque nuestro deber es acompañar a la sociedad en sus procesos, sin que deba importarnos si esos procesos van contra nuestra manera de entender la realidad.

Desde el periodismo podríamos empezar nuestra propia revolución mediática, una revolución que implica cuestionarnos más, autocriticarnos más, ser más tolerantes y humildes, dejar arrogancias y soberbias, leer mejor el país.

En las calles está la vida. Caminarlas y sentirlas es, para un periodista, la mejor manera de estar cerca de la gente y lejos, muy lejos del poder. De cualquier poder.

Artículo publicado en EL COMERCIO

¿Nos da una oportunidad, señora Carrillo?

La premura de la Asamblea Nacional por aprobar proyectos de ley, como el de comunicación, es una de las responsables de excluir del debate, democrático y participativo, a personas e instituciones que no estamos en ninguno de los dos polos centralistas del Ecuador: Quito y Guayaquil.

De todas formas, y pese a exclusiones y apuros, la Escuela de Comunicación de la Universidad de Cuenca ha decidido dedicar generosos espacios –sin afectar el desarrollo académico de los estudiantes de periodismo y relaciones públicas– a una discusión aguda sobre lo que debería ser una ley de comunicación que garantice, entre otros aspectos, el libre acceso a la información y sus fuentes; la no censura previa de los contenidos; la responsabilidad ulterior de los comunicadores en la emisión de noticias; la obligatoriedad de los medios de comunicación de garantizar la participación remunerada de pasantes provenientes de las escuelas de periodismo; la defensa del ejercicio profesional del periodista…

Y este proceso no es nuevo. Desde hace varias semanas, por iniciativa de un grupo de estudiantes y docentes, los tres proyectos de ley propuestos por Panchana, Tibán y Montúfar, fueron analizados en las aulas, gracias al apoyo de diario El Comercio que entregó 400 ejemplares impresos de los tres proyectos de ley. Cada docente discutió, analizó y procesó los artículos, hasta que trascendió que las tres iniciativas se habían diluido y la Comisión Ocasional de Comunicación trabajaba “contrarreloj” para montar un nuevo proyecto que deberá estar terminado, aprobado y santificado hasta el 20 de noviembre.

Los acuerdos a los que se han llegado en las aulas resultan interesantes, aunque también han dejado dudas. Como por ejemplo: ¿Sumarse como Universidad con sus aportes al proyecto, se interpretaría como un aval a una ley de la que se sospecha pretende amordazar a los medios que no se alineen con el régimen de turno?

¿Evadir la responsabilidad, y el derecho, de expresar opiniones desde la cátedra y enriquecer el proceso de elaboración de la ley de comunicación, a futuro puede pasar a los involucrados una onerosa factura ante la inevitable aprobación del proyecto regulador de los medios de comunicación?

¿Oponerse a la ley, por considerarla un proyecto mordaza, perennizaría la “patente de corso” que ciertos medios y periodistas se toman para vivir del oficio, poniéndolo al servicio de sus intereses y dejando al ciudadano común a expensas de los atentados a la honra ajena?

Las jornadas de reflexión han reparado, además, en la necesidad de ejercer un periodismo responsable, preciso, exacto, riguroso, responsable, como la mejor estrategia contra cualquier proyecto de ley que posteriormente puede tornarse en un instrumento de presión desde el poder contra la prensa independiente.

Lamentablemente, apremiados por la misma celeridad impuesta por la Comisión, no se logró reunir al resto de universidades cuencanas para fomentar una discusión integral de los temas que se propondrán a la Comisión Ocasional.

Hoy y mañana se realizarán las dos últimas instancias para definir la propuesta definitiva desde los estudiantes y docentes; esperamos redactarla hasta la próxima semana.

La cátedra cuencana se merece la oportunidad de que su opinión se incluya en la ley. Y eso depende de su voluntad, señora Carrillo
Artículo publicado en EL UNIVERSO y EL COMERCIO.

Resistencia a la Ley de Comunicación

Que en nombre de la libertad de expresión se enfrente a una ley de medios no quiere decir que el ciudadano, que no pertenece a un medio, quede desamparado. Lo digo a propósito de mi artículo de la semana anterior (01-X-09) en el que expuse transgresiones de la prensa en contra del derecho de personas comunes y corrientes, y también de ciertas entidades en contra del oficio periodístico.

He creído necesario volver sobre el tema de la ley –cuya aprobación se postergó, por lo que el análisis salió de la agenda de algunos medios- pues ese día diario Hoy publicó una entrevista al periodista español Miguel Ángel Bastenier en la que sugería formar una oposición cívica a la ley de medios, y porque una entrañable amiga, luego de leer mi columna, me preguntó: ¿y cuál de las tres propuestas crees que se debe aprobar?

¡Ninguna! Le respondí. Mi reflexión apunta a una legislación independiente de todo Gobierno, que regule el oficio en función de los derechos ciudadanos, porque somos los periodistas quienes, en nombre de la proclamada libertad de expresión, hemos violentado esos derechos exponiendo, equivocadamente, a inocentes al escarnio general. Hay que admitirlo.

Me refiero a una regulación –la autorregulación en Ecuador tiene deudas- como la que el propio diario de Bastenier propone. He aquí algunos ejemplos tomados del manual de estilo de El País, de España, donde Miguen Ángel fue subdirector de asuntos internacionales y hoy es articulista y uno de los maestros en su escuela de formación de periodistas:

Artículo 1.4 El periódico no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el sórdido mundo de esta actividad. La línea editorial del periódico es contraria al fomento del boxeo, y por ello renuncia a recoger noticias que puedan contribuir a su difusión.

Artículo 1.6 El periodista deberá ser especialmente prudente con las informaciones relativas a suicidios. En primer lugar, porque no siempre la apariencia coincide con la realidad, y también porque la psicología ha comprobado que estas noticias incitan a quitarse la vida a personas que ya eran propensas al suicidio.

Artículo 1.9 El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. Si se encuentran trabas, se superan; si éstas añaden información, se cuentan; si no es así, se aguantan. Las columnas del periódico no están para que el redactor desahogue sus humores, por justificados que sean.

Artículo 1.12 El periodista transmite a los lectores noticias comprobadas, y se abstiene de incluir sus opiniones personales. Cuando un hecho no haya sido verificado suficientemente, el redactor evitará en las noticias expresiones como ‘al parecer’, ‘podría’, ‘no se descarta’ o similares.

Artículo 1.15 La atribución de la noticia a una fuente o fuentes no exime al periodista de la responsabilidad de haberla escrito.
Cinco motivos que se suman a 574 razones más, en 429 páginas, que todo redactor de El País debe dominar. Razones que ante el ciudadano garantizan la convicción de Bastenier en torno a su propuesta de resistencia.

La pregunta es ¿tenemos esa misma convicción como para armar una resistencia que nos libere de responsabilidades posteriores?

Entrevista en Hoy.com.ec a Miguel Ángel Bastenier.

¡Y quién dijo que necesitamos una ley!

Francisco ejerce el periodismo, y quiso aprovecharlo para llegar a ser diputado. Él integraba la “lista negra” de un medio local, por lo que nadie podía exhibirlo en esas páginas. Un día, presionados por la inoperancia de un fotógrafo que hizo una única toma, pusieron la gráfica de un candidato presidencial acompañado del personaje vetado. Para no transgredir la prohibición, con la ayuda de un programa de edición gráfica, colocaron cabello en la calva de Francisco.

Carlos es un indígena activista y antiminero. Está en la misma lista que Francisco. Abogado, con postgrado en derecho ambiental, se lo invisibiliza desde hace una década. Los dueños de ese medio deciden quiénes salen y quienes no en las páginas de su diario.

Francisco y Carlos necesitan una ley que garantice sus derechos para acceder a medios privados, y los ciudadanos una que impida que los periodistas se aprovechen del oficio para llegar a ser diputados.

Marco es un reportero deportivo muy comprometido. Nunca rehúsa una asignación, por lo que investigar casos de corrupción en la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca no fue la excepción. Durante varios días el compromiso de Marco se estrelló contra las puertas cerradas, documentos incompletos y muestras de desprecio de dirigentes. Documentos públicos inesperadamente recibían la categoría de “clasificados”.

Reporteros como Marco necesitan una ley que garantice su derecho a acceder a la información pública.

A Badillo lo sientan frente a un detector de mentiras cuyos resultados pocos países los consideran pruebas concluyentes en procesos de investigación. Acusado, juzgado y sentenciado por complicidad en la desaparición de dos jóvenes colombianos, Badillo asiste a un show televisivo cuyo promotor dicta sentencia: inocente. Badillo, con un estilo deportivo y con lágrimas en los ojos dice: ¡gracias país..! Pero Badillo no está libre de culpa solo por prestarse al show, ni tampoco ha explicado aún lo que ocurrió con Jaime Otavalo, un detenido que fue investigado por él.

La memoria de los hermanos Restrepo – y de Otavalo- merecen una ley que les haga justicia.

Guido tomó una decisión temeraria: a sus 38 años, soltero y vinculado a la masonería, bebió una copa de cianuro líquido mientras en la sala de su casa escuchaba la ópera Rigoleto, de Giuseppe Verdi. Sus familiares evitaron la escena a su madre, Blanca, y solamente unos agentes ingresaron, tomaron pruebas, datos y fotos. Al día siguiente, en un vespertino, la foto captada por el agente y entregada a una reportera apareció a cinco columnas con un titular que decía: Ebrio se quitó la vida. Blanca no pudo recuperarse y se dejó morir por inanición: un mes después del suicidio se reunió con Guido. Madre e hijo merecen una ley que impida que violen su intimidad.

La semana anterior me telefoneó un periodista para entrevistarme sobre los proyectos de ley de comunicación – que deberían ser de medios, pues la comunicación es un espectro mucho más amplio - y le dije que le respondería solamente si dejaba de llamarme de su celular personal y lo hacía desde uno facilitado por su empresa. Hasta ayer esperé la llamada.

En verdad, todos necesitamos una ley que vele por nuestras obligaciones y nuestros derechos.