A Josefa Escandón la quemaron viva, la noche del 14 de marzo de 1964, en la plaza central de Molleturo, luego de un enfrentamiento con el sacerdote –con la Iglesia misma– por un litigio de tierras.
Escandón tuvo la blasfema actitud de cultivar un terreno de sus antepasados, donados “de palabra” a la Santa Madre Iglesia. Y aunque no hacía daño a nadie, el párroco en aquella época, Adolfo Clavijo, inició una defensa desde el púlpito de lo que consideraba propiedad de los representantes de Dios en la Tierra.
“Ella lo sembraba y cosechaba los frutos, siempre con la oposición del párroco, Adolfo Clavijo, que varias veces derramó lágrimas desde el púlpito cuando se refería a la propiedad que quería arrancarla de manos de quien consideraba usurpadora”, dice una reconstrucción del hecho en el libro Palabras y piedras sueltas, del periodista Rolando Tello Espinoza (con quien no tengo vínculos familiares), con los testimonios de los implicados. Al confirmarse su culpabilidad, diez de ellos fueron sentenciados a doce años de prisión en el penal García Moreno.
La sentencia de muerte contra Escandón quedó sellada cuando la mujer lo denunció ante el coronel Oswaldo Navarrete Vázconez, jefe Civil y Militar del Azuay de ese entonces.
La tarde de aquel sábado 14 de marzo, un grupo de pobladores decidió el castigo a la mujer que citó al sacerdote ante autoridades civiles. “Agustín Misacango quiso matarla a bala por cuanto tenía una escopeta de cartucho, Juan Gutama se opuso, manifestando que Josefa Escandón debía ser quemada. Alfredo Loja opinó que solo se le debía pegar y nada más; pero prevaleció la opinión de Juan Gutama...”, declaró días después Daniel Jeremías Puin ante el Intendente de Policía”.
Una turba alcoholizada y embrutecida allanó la vivienda de Escandón, inmovilizó a su esposo, Vicente Bermeo, y ahuyentó a sus dos pequeños hijos. La ataron a una cruz de mármol de la plaza, la rociaron con gasolina y prendieron fuego. Así, el terreno volvió a manos de la Iglesia.
El hecho, terrible y perturbador, impuso un macabro estigma a los pobladores de Molleturo, que en aquella época vivían en casi total aislamiento con Cuenca.
El martes anterior, la presidenta de la Junta Parroquial de Paccha, Mariana Durán, denunció en una emisora radial ser víctima de amenazas por parte de un grupo minúsculo de pobladores. Ha solicitado resguardo policial.
Su pecado: iniciar los trámites para la construcción de un colegio, un centro de salud y una Unidad de Policía en terrenos comunitarios que en el año 2008 fueron inscritos como de propiedad de la Junta Parroquial.
La Curia Arquidiocesana de Cuenca interpuso un juicio de nulidad de la escritura, aduciendo que esos lotes se entregaron “de palabra” a la Santa Madre Iglesia. Se ampara en la figura de “posesión inmemorial”.
El arzobispo de Cuenca, Luis Cabrera, ha mediado en el conflicto e impuesto una condición: que la Junta Parroquial renuncie a la escritura, devuelva el terreno, y decidan luego las obras.
La demanda de nulidad es en apoyo, también, a la posición del párroco de Paccha, Adolfo Clavijo, el mismo que en 1964 no fue inculpado en el caso de Molleturo, pero que tampoco intervino para evitar la tortuosa muerte de Josefa Escandón.
