¿Es un hecho noticioso –mediático, suelen decir algunos- la doble vida que mantenía en secreto uno de los mineros que hasta este miércoles estuvo atrapado en la mina San José, al norte de Chile?
“El doctor”, como le conocen a este electricista de 52 años, saltó a la nada envidiable fama mediática porque la prensa se enteró que dos féminas esperaban la salida: su mujer y su esposa.
Pero, insisto en la pregunta: ¿es un hecho relevante? O ¿escabroso y alpiste para el morbo?
La suerte de “El doctor” quedó echada cuando los medios decidieron dar generosos despliegues a su situación marital. Para una facción de la sociedad machista -y de la prensa mojigata- “El doctor” pasó a ser una especie de referente, pero al mismo tiempo de flagelación y burla indirecta.
Si de mí dependiera, el perfil sería muy bajo. Nada de exacerbar los ánimos en su contra o lapidar a su familia con la pesada carga que puede provocar una prensa irreflexiva que publica el tema con un tufo moralista.
¿Cuántos de los periodistas y editores que trataron el tema tendrán el mismo gusto por los “turnos dobles” –causa por la que “El doctor” quedó atrapado 70 días a 700 metros bajo tierra- ¿Se mirarán en su espejo?)
La infidelidad es noticia en este caso, pero ¿a título de qué? No logro entender, con sensatez, el objeto de divulgar, tuitear y retuitear el tema en medios digitales y redes sociales.
¡Cuidado! Que la doble moral no nos ponga en la categoría de “periodistas infieles” con las audiencias.
La sentencia es lapidaria y está en plazas y parques: “Ladrón atrapado, ladrón quemado”.
El más reciente ejemplo de que la advertencia va en serio es la muerte, terrible y dolorosa, de Ángel Molina, un ciudadano de 50 años que el lunes 26 de julio fue secuestrado, llevado a la fuerza a la comunidad Unión Alta, en la parroquia rural de Baños, golpeado y quemado.
La noticia no causó mayor reacción entre los devotos ciudadanos de la Atenas del Ecuador. Fue un caso más que arrancó varios “bien hecho” entre quienes siguieron los detalles en medios locales.
Doce años atrás un crimen similar ocurrió en el cantón Chordeleg: a un sospechoso de ser delincuente –era de “raza negra”, como suelen particularizar ciertos policías y periodistas– le prendieron fuego en la plaza central de la comunidad, próxima al centro cantonal.
El entonces arzobispo de Cuenca, Alberto Luna Tobar, prohibió la celebración de eucaristías en todas las iglesias del sector hasta que aparezcan los culpables. Solo así se llegó a conocer, vía confesionario, hasta quién había prendido el fósforo criminal.
Pero en este caso casi nadie reclamó. Ni la piadosa Iglesia con toda su influencia en las comunidades rurales.
Los detalles del crimen espeluznan: aquella madrugada una moradora de Unión Alta alertó a sus vecinos de robos de cilindros de gas; enardecidos, salieron en busca de los culpables y en su sed de venganza llegaron hasta el centro de Cuenca, a unos doce kilómetros de donde presuntamente se cometió el delito, interceptaron una camioneta y la llevaron, contra la voluntad de su único ocupante, a la comunidad.
Allí golpearon al “sospechoso”. Fueron cerca de dos horas de torturas. Luego lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Terminaba así la vida de un hombre sumido en la infelicidad total: en 1993 Ángel Molina perdió a varios de sus familiares en el desastre de La Josefina; su madre murió arrollada por un vehículo; su esposa se ahogó en un río. Y él murió en el hospital con decenas de golpes y el ochenta por ciento de su cuerpo quemado.
Su culpa –esta conclusión es mía– fue conducir, de madrugada, una camioneta cuyas placas eran de la provincia de El Oro. Hurgando detalles de este hecho, di con un mensaje en la edición digital del diario El Tiempo: “Él es el señor quien me enseñó a trabajar y ahora soy quien soy. Él nunca fue un ladrón ni mucho menos un delincuente, lo confundieron, solo fue chofer de una camioneta que trabajaba haciendo carreras… ¡Descansa en paz tío mío!”.
¿A quién debemos responsabilizar de este crimen atroz cometido en nombre de una recurrente falta de acción de la justicia?
¿Acaso los “bien hecho” que se escucharon en torno al caso tienen justificación en la sensación de inseguridad que atenaza a nerviosos ciudadanos que purgan temores y resentimientos en piras humanas?
¿Debemos permitir que una leve sospecha nos convierta en justicieros ad honórem de las causas que, creemos, nadie se hará cargo?
No proclamo la inocencia inmaculada o la leve culpabilidad de Molina. De eso se encargará –debería encargarse– la Fiscalía. Pero sí exijo respuestas para dudas que hechos como este deja a quienes creemos que la justicia siempre se merece una oportunidad.
Que Cuenca es una urbe segura “para propios y extraños” es hoy por hoy una percepción que pocos se atreven a defender.
Pruebas al canto. En el pasado feriado de Semana Santa varios delincuentes vaciaron, literalmente, las bóvedas del Monte de Piedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, donde 3.200 personas tenían sus joyas como garantía de los préstamos que ofrece la entidad. Se calculó que el monto del perjuicio llegaba a 2,7 millones de dólares, por 6.136 garantías prendarias. Los delincuentes dejaron su seña particular: perforaron con martillos neumáticos cuatro paredes en una operación que no dejó rastros de sus autores y sin espacio de reacción para policías ni representantes de la institución. Hasta hoy nada está claro.
Y como si ello fuera poco, en el Día del Padre un robo similar ocurrió en una conocida joyería del Centro Histórico –por la forma de operar seguramente se trató de la misma banda–. Desde una oficina colindante perforaron dos paredes y se llevaron 3.000 gramos de oro en joyas trabajadas. Esta operación fue más audaz, ocurrió a 50 metros del Comando del III Distrito de Policía y los cacos tampoco dejaron huellas ni espacio de reacción para los responsables de ofrecer seguridad a los ciudadanos.
Claro que en rigor se debe explicar que entre robo y robo, a diario, los asustados habitantes de la otrora pacífica ciudad soportan constantes asaltos a mano armada, estruches, secuestros express, extorsiones, estafas, agresiones, etcétera.
Un reciente caso recordó a las autoridades provinciales que el tema de la inseguridad se mantiene intacto, que sus víctimas no olvidan, que la tarea no está hecha. El sábado 3 de junio una banda de delincuentes irrumpió en una agencia bancaria y tras llevarse los depósitos protagonizaron una huida en la que tomaron como rehén a Carlos Salamea Chaca, ciudadano de 64 años que aquella mañana fue secuestrado con su vehículo por los bandidos, cuando regresaba a su domicilio.
Salamea cayó en el enfrentamiento entre la Policía local y los ladrones, y aunque se le quiso vincular con ellos, el representante del Gobierno en el Azuay admitió esta semana que fue una víctima inocente de las balas policiales, y ofreció a nombre del Estado una indemnización.
(Claro que ese desagravio post mórtem quedará en los límites de la ciudad, pues al día siguiente del asalto el diario Extra publicó una descarnada fotografía de Salamea tendido en el piso, abaleado y empapado en su propia sangre, imagen acompañada de un burdo pie de foto que lo involucraba como cómplice de los delincuentes. Aquella mañana la familia Salamea seguramente creyó ver a una amenazante serpiente que salía de esas páginas para conminarles a que demuestren la inocencia de Carlos. Para el resto del país, él será por siempre un delincuente que cayó en su propia ley).
La demanda de seguridad de parte de los ciudadanos no tiene plazo. Quienes sí están condicionados a cumplir con sus obligaciones son los integrantes del Consejo de Seguridad, que bastante dinero manejan por los recargos en los servicios públicos, y los de la Policía, que hoy tienen hasta un helicóptero para patrullar la ciudad. No responder a esta demanda los desnudará como incompetentes.
Carlos Salamea Chaca es dos veces víctima: la mañana del sábado 3 de julio un grupo de delincuentes que huían de la Policía tras asaltar un banco en el centro histórico de Cuenca, lo secuestraron junto a su vehículo.
Inicialmente los delincuentes, sorprendidos en delito flagrante, escapaban en una camioneta por una vía secundaria, y al irrespetar un disco PARE se estrellaron contra un bus y luego contra una vivienda. Se bajaron y se dirigieron al Vitara de Carlos Salamea Chaca, que coincidencialmente pasaba por allí. Lo encañonaron y obligaron a que les ayude a escapar. Un taxista que estaba junto a él corroboró esta versión.
Luego de una persecución de varios minutos, la Policía acribilló a dos involucrados en el robo –quienes dispararon primero contra los agentes- y al conductor Carlos Salamea Chaca. Al día siguiente, un medio sensacionalista calificó al rehén como delincuente.
En su defensa la Policía dice que ignoraba que Salamea haya sido un rehén. Los familiares de la víctima inocente dicen que los guardias debían tomar precauciones. Muchos de quienes han participado en las redes sociales de los medios de comunicación han dicho que esos medios hacen mal en recurrir a la presunción de inocencia cuando califican de “presuntos” a quienes son detenidos por la Policía y vinculados con actos delincuenciales, o cuando ocultan sus rostros o nombres. En este caso específico, muchos han pedido la pena de muerte y le han otorgado, indirectamente, la razón a ese medio sensacionalista.
En este punto, el desenlace mortal para Salamea deja varias lecciones: - Aunque todos lamentamos la muerte de Carlos Salamea, su testimonio se convierte en un antecedente más de que la presunción de inocencia, no solamente desde la prensa sino desde la propia Policía, es una garantía irrenunciable que beneficia a quienes están involucrados injustamente en actos delictivos. - Está claro que la campaña del Gobierno que acusa de corrupción a ciertos medios de comunicación, está dirigida a diarios como la Extra, que como se demuestra en este caso, acusa primero y verifica después. Este medio publicó la foto de Salamea tendido junto al vehículo en el que fue secuestrado, calificándole de “delincuente”. - El periodismo ecuatoriano no va a mejorar con la aplicación de una Ley de Comunicación, sin embargo la memoria de víctimas como la de Salamea necesitan un ordenamiento legal que garantice que su dignidad no se afecte en medios como la Extra.
