El martes la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tomó, con cierta dificultad, dos paladas de tierra y las depositó en un árbol recién plantado en los jardines de la Casa Rosada.
Luego, caminó hasta un atril y dijo a medio centenar de asistentes: quiero que sepan que no es el primer árbol que siembro; deben ser como mil entre plantas, árboles y arbustos.
Antes de continuar, en un arranque de honestidad, aclaró: bueno, en realidad no soy quien los ha sembrado; solo he dicho al jardinero dónde ponerlos…
Entonces me vino la duda: ¿El problema del calentamiento global se solucionará si cada Presidente siembra mil árboles? ¿O bastaría con que cada uno firme un decreto, uno solo, obligando en cada país el cumplimiento de leyes ambientales y de responsabilidad social empresarial?
El acto simbólico se organizó a propósito del XIII Congreso Forestal Mundial que hasta mañana congregará en Buenos Aires a expertos ambientales de 170 países, como evento previo a la Cumbre del Clima de Copenhague, en diciembre.
Una cita intensa, en la que se han escuchado autocríticas: “Basta de diálogos interminables y aburridos… Basta de documentos declarativos… La explotación de madera no solo debe ser legal sino también sustentable; lo legal no siempre es sustentable”.
Lo dijo José Carlos Carvalho, secretario de Medio Ambiente de Minas Gerais, Brasil, durante una plenaria a la que asistía Jan McAlpine, directora del Foro Forestal de las Naciones Unidas.
En esa misma sala se escucharon cifras escalofriantes. El 80 por ciento de la biodiversidad del planeta está en los bosques –especialmente los tropicales-, donde viven 300 millones de personas; sólo en el Ecuador 198 mil hectáreas de bosque se pierden cada año y no se reponen; el comercio de productos forestales mueve 327 mil millones de dólares al año.
No es suficiente que Presidentes digan a sus jardineros en qué lugar de la sala deben poner plantas y arbustos. Se requieren Gobiernos con voluntad política para alentar leyes que combatan la deforestación y el consecuente calentamiento global.
Por lo menos en Ecuador hay un mandato constitucional que obliga a proteger ecosistemas frágiles; así que se espera una ley que sancione, por igual, tanto a quienes arrasan hectáreas de bosques, como a quienes contaminen –como los dueños de la fábrica de cerámicas instalada junto al río Tomebamba, en Cuenca, que lancen residuos y cambian el color de las aguas-.
Los llamados de atención en algunas intervenciones del XIII Congreso, donde los organizadores han demostrado cierta opulencia que avergüenza cuando se trata de temas forestales que afectan a los más pobres de los pobres, debe promover en Copenhague un frente común ante los países desarrollados que se niegan a reducir sus emisiones de carbono.
Con una posición que sea, además, coherente con las políticas que deben adoptar los países en desarrollo, como la obligatoriedad de adquirir madera con la certificación de que no proviene de bosques protegidos y que los beneficiarios llevan adelante planes de remediación.
Solo así las interminables discusiones en elegantes salones y con extravagantes logísticas, tendrán sentido. Y se evitará que, como ocurrió entre 1990 y 2005, se pierda el 3 por ciento de los bosques del mundo.
Publicado en EL UNIVERSO.