Función pública: para servir o servirse

Carlitos no quería perder tiempo. A poco de conseguir el puesto de relacionista público del Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago, CREA, quiso congraciarse con sus amigos periodistas. Los necesitaba para que su actuación como funcionario se refleje en la publicación de boletines de prensa.

El CREA –especie de superministerio que allanó el camino para que el Austro aproveche la riqueza del Oriente– no vivía su mejor época. Pero había que hacer el intento. Así que nada mejor que visitar las granjas del organismo de desarrollo regional en Morona Santiago.

Los vehículos de la institución estuvieron prestos. Y la atención en la granja debía ser de lo mejor. Por eso, el primer día del paseo de Carlitos –como cariñosamente lo llamaban– y sus amigos periodistas, ordenó que se preparen los mejores ejemplares de los criaderos de tilapias, para que los comunicadores sociales constaten la calidad de la producción piscícola del CREA.

Todos quedaron satisfechos. Tan ensimismados estaban que no se percataron de que acababan de almorzarse los ejemplares adquiridos para reproductores. Se comieron las gallinas de los huevos de oro, en medio del paseo periodístico.

Cada vez que recuerdo este episodio esbozo una sonrisa, pero al mismo tiempo me indigno porque este delito contra la función pública quedó en total impunidad.

El pasaje me vino a la mente luego de leer en la prensa local una información que recoge el auto de llamamiento a juicio contra el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco Carpio, y cinco funcionarios más, porque “con personal y maquinaria institucional se ejecutaron trabajos en terrenos particulares”.

La acusación se centra en que el Consejo Provincial del Azuay abrió un camino en la comunidad Sigcho, parroquia Sinincay, beneficiando a los administradores de la radio Splendid: sus antenas de transmisión se encuentran en ese sitio. El gerente del medio privado era, en ese entonces, Fernando Valencia, quien al mismo tiempo fungía como director del departamento de comunicación de la Prefectura.

El auto de llamamiento a juicio fue formulado por la Segunda Sala de lo Penal del Azuay, argumentando que los funcionarios incurrieron en el artículo 257 del Código Penal, que tipifica la figura de peculado.

La denuncia se remonta al año 2008, en la Comisión del Control Cívico contra la Corrupción. En una primera etapa se sobreseyó al Prefecto y a su amigo Valencia, pero la Fiscalía apeló y en este nuevo auto de llamamiento se incluyen a los dos funcionarios.

¿Hay alguna diferencia entre comerse las tilapias reproductoras del CREA y abrir una carretera para beneficiar a periodista y emisora leales?

Ninguna. En ambos casos se configura el abuso contra los bienes del Estado en beneficio particular. Y ejemplos como estos hay muchos en el sector público.

De comprobarse el delito en mención, se pondría en evidencia el abuso. Y tal como van las cosas, el prefecto Carrasco será juzgado en rebeldía, pues al momento cursa una maestría en España, para lo cual en abril pasado se adjudicó dos meses de licencia.

El trabajo en el sector público debería estar investido de un afán puro de servicio. El servirse de los bienes públicos en beneficio personal, no es más que otra forma de corrupción.

Artículo publicado en EL UNIVERSO

Deroguemos la Ley Arizona Ecuatoriana

Una mala noticia: desde hace mucho que la Ley Arizona, en versión ecuatoriana, está vigente en nuestro país.

Se trata de una obcecación, manifestada con juicios de valor, de ciertos periodistas y policías que criminalizan, por su aspecto, a peruanos, colombianos, cubanos, e incluso a ecuatorianos de una región diferente a la suya. En las páginas de crónica roja de los medios de aquellos periodistas se lee con frecuencia que tal o cual sospechoso de un delito “tenía aspecto de peruano”, “acento de colombiano” o era “de raza negra”.

Claro que cuando el “sospechoso” tiene aspecto de ecuatoriano, tez blanca o un bonito cantado cuencano, el detalle se vuelve irrelevante y se lo obvia. Acto consciente entre quienes creen importante destacar la nacionalidad o el “aspecto” del “presunto” –palabreja con la que buscamos inmunidad– solamente cuando el involucrado es un inmigrante.

En el año 2006, gracias a una beca de investigación periodística otorgada por Fundación Avina, recorrimos durante dos meses –junto a los periodistas Juan Francisco Beltrán, Juan Pablo Vintimilla y Francisco Ipanaqué– varias provincias del Austro Ecuatoriano y departamentos del norte del Perú, en busca de lo que en nuestro proyecto llamamos: la expansión del Tahuantinsuyo y el camino de la migración.

Al menos 30 mil peruanos viven hoy en el Ecuador, según cifras extraoficiales. Es el caso más palpable de la seducción del dólar desde que se implantó como moneda corriente en Ecuador. Los colombianos desplazados por la violencia son otro componente.

En Sabanilla, por ejemplo, al sur de la provincia de Loja, miles de peruanos llegan para trabajar en las plantaciones de maíz, en siembra entre enero y marzo, y en cosecha entre junio y septiembre. El resto del año van a sus hogares.

La situación es diferente para quienes se han internado en las minas de Bella Rica, en la zona costanera del Azuay. Allí trabajan nueve horas seguidas por siete dólares diarios; actividad en la cual cobran solamente cada 30 días. O para los trabajadores de la zafra en La Troncal, donde ganan 35 dólares semanales, a razón de 1,40 dólares por tonelada métrica de caña cortada, y con ello financiar su estadía, alimentación y enviar el resto a sus familiares.

De paso por la provincia de El Oro, un Intendente de Policía nos confirmó que en una sola bananera trabajaban tres mil ciudadanos peruanos sin ningún tipo de beneficio legal, por su condición de indocumentados.

Son a estos trabajadores, inmigrantes honestos como los ecuatorianos que sobreviven en Norteamérica –bajo “sospecha razonable”– o Europa, a los que también les perjudica la criminalización mediática “por su apariencia o acento”, cuando uno de ellos está involucrado en un acto delictivo.

Por eso asistimos, con estudiantes de periodismo de la Universidad de Cuenca, a la marcha anti Ley Arizona convocada la semana anterior por la Senami, pero con un pedido propio: que primero eliminemos la Ley Arizona-Ecuatoriana.

Exigimos justicia para los ecuatorianos fuera del país, pero también ofrezcamos garantías para los inmigrantes en el Ecuador.

Al menos el grupo de futuros periodistas que marchó la semana pasada no criminalizará por su aspecto, acento o color de piel, a ningún inmigrante más. Ahora la propuesta debe sensibilizar a periodistas prejuiciados e industriales inescrupulosos.

Es lo justo.

Artículo publicado en EL UNIVERSO

¿Los nombres importan?

La verdad no sé. Yo los hubiera obviado.

La madrugada del viernes 14 de mayo el guardia del motel El Edén halló a dos parejas, muertas, en el interior de una habitación. Habían ingresado cerca de las dos y media de la mañana, los cuatro al mismo cuarto.

Se deduce, por las evidencias halladas, que para ambientar su estadía colocaron música directamente del equipo del vehículo, cuyo motor estaba en marcha a la hora del hallazgo: seis y treinta de la mañana. Las autopsias determinaron la causa de las muertes: asfixia por inhalación de monóxido de carbono.

La noticia llamó la atención más que la visita del presidente Rafael Correa a la conventual Cuenca. Gran despliegue de medios. Se abundó en los detalles, pero no en los importantes. Brotaron los moralismos.

“Los dos varones habían sido casados, y las chichas eran del Oriente”, fue el comentario con el que arrancó la conversación instalada tras la pregunta ¿se enteraron de los muertos del motel?, en un curso al que asistí como capacitador, la mañana del sábado.

Antes, había revisado la nota en todos los diarios locales y nacionales para ver el tratamiento, con una preocupación básica: ¿incluirían las identidades de las víctimas?

La preocupación me nació la tarde del viernes, cuando en un noticiero de radio identificaron a los fallecidos y envié un mensaje al locutor inquiriendo si era necesario dar las identidades: “desde mi punto de vista sí…considero que son mayores de edad y sabían lo que hacían”, fue la respuesta.

Esa misma tarde, en el vespertino de la ciudad circuló la noticia con los nombres de las víctimas. “Puse los nombres porque ya están muertos”, respondió el director del medio a un fotógrafo que hizo la misma pregunta.

La mañana del sábado los diarios El Tiempo, El Comercio, El Universo incluían las identidades.

Solamente El Mercurio los obviaba:
“Los fallecidos fueron identificados como: Nancy Gabriela F., María Soledad P., Miguel Fernando C., y Félix Armando L. Sus edades oscilan entre los 21 y 25 años”.

¿Vale la pena desvelarse por este detalle?
Definitivamente sí.

En la conventual Cuenca los moteles son considerados como lugares sucios, repugnantes, refugio de los amores infieles. Lo verifiqué cuando propusimos un tema a propósito del 14 de febrero, Día del Amor, (allí se hace el amor, y según un sexólogo amigo, en estos lugares se han salvado muchos matrimonios) y nos cayó una avalancha de críticas, incluso dentro del mismo diario.

En la memoria colectiva de los cuencanos, según lo he confirmado en las charlas que sobre este tema he tenido con personas de varios estratos, se ha fijado un estigma sobre los cuatro jóvenes que escuchaban música y tomaban cerveza dentro de una habitación, mientras el escape de su vehículo les ofrecía una muerte lenta: traicioneros, ellos; mujeres fáciles, ellas.

¿Y lo realmente importante?
¿Y las explicaciones sobre cómo actúa el monóxido de carbono en el organismo? ¿La investigación sobre los sistemas de ventilación que deberían tener estos sitios de tolerancia? ¿Quién responde por las cuatro muertes inútiles? ¿Y qué harán todos -medios de comunicación, fiscales, dueños de moteles- para evitar que esto suceda de nuevo?

Habrá que esperar el seguimiento noticioso. Por el momento lo que más interesaba ya se descubrió: los nombres de los infieles y las locas, y en lo más profundo de los anti infidelidades y las anti locas, las cuatro muertes les dará la paz que solo el castigo ejemplarizador puede dar…

Que su memoria, sus esposas, sus padres, sus hijos, sus primos y amigos… ¡que todos se jodan!

Otra vez La Josefina

El gobernador del Azuay lo dijo como si finalmente el tema se lo trataría en serio: el sector de La Josefina, 25 kilómetros al Este de la ciudad, está –nuevamente– en estado de emergencia. Y solicitará al Presidente de la República un estado de excepción.

La Josefina ha estado en emergencia desde la presidencia de Sixto Durán-Ballén, estado que fue ampliado por Mahuad y otros mandatarios a otras zonas de influencia en la cuenca del río Paute.

Según el representante de Correa en la provincia, “hay el inminente peligro de un macrodeslizamiento”. Ese peligro era latente desde antes del primer deslizamiento: el 29 de marzo de 1993, 200 millones de metros cúbicos de rocas y tierra taponaron los ríos Cuenca y Jadán inundando extensos territorios tanto del Azuay como del Cañar. Se calcula que se represaron 300 millones de metros cúbicos de agua; 100 millones menos que lo que almacenará Mazar.

El agua subió durante 30 días y obligó a la evacuación de 14 mil personas. Fue catalogado como el segundo desastre en magnitud en Sudamérica y culparon de todo eso a la explotación ilegal de áridos en las faldas del cerro Tamuga y en el cauce del río Cuenca y Paute, que a ese punto llega con los aportes de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara, Jadán y Burgay. Un enorme caudal que da vida al mayor proyecto hidroeléctrico de país: Hidropaute.

Por allí atraviesa una falla geológica que se origina en el valle de Yunguilla, pasa por Girón, Turi, La Josefina y llega tras recorrer 100 kilómetros al cantón Cañar. La explotación indiscriminada aceleró el desastre.

Para atender la emergencia de 1993, cuando hubo pérdidas por 150 millones de dólares, el Ecuador recibió una generosa ayuda internacional en vituallas, implementos de supervivencia, dólares y euros. La Defensa Civil del Azuay, hoy invisibilizada totalmente, quedó como una de las más equipadas del país.

Iniciada la etapa de reconstrucción se reasentaron comunidades, se levantaron barrios (solo en Paute se construyeron 240 casas para recuperar Paute Viejo), se reubicaron puentes, pero también hubo quienes huyeron de la justicia tras malversar fondos, y sobre todo los explotadores de los áridos responsables de la tragedia quedaron en la impunidad.

Y mientras todo esto ocurría, la explotación minera seguía incólume. Ha seguido incólume hasta el martes anterior, cuando se hizo el anuncio de una nueva emergencia.

Entonces, a más de distraer un poco la atención de la opinión pública fijada este momento en la Ley de Recursos Hídricos y las movilizaciones indígenas, nada nuevo hay detrás de esta decisión “que no pretende causar alarma”, como lo dijo el Gobernador.

Mejor se hubieran ahorrado el nuncio, pues se pusieron en evidencia. Lo único que debían hacer, esta y las anteriores administraciones, es cumplir la ley: obligar el cese de la explotación y mandar a la cárcel a los explotadores, así hayan sido alcaldes o familiares de alcaldes.

Y obligarlos a reforestar la zona, a devolver el cauce natural al río, pues su actividad provoca la erosión que va a parar en las represas de Mazar y Daniel Palacios, disminuyendo su vida útil.

Es decir, el problema no está en las emergencias, sino en que la ley se cumpla.

De los dos lados.

Artículo publicado en EL UNIVERSO

Pero si solo piden consenso por el agua

La indiscutible obra vial que el Gobierno de Rafael Correa ha realizado en el Austro no será, por sí sola, argumento suficiente para sostener el respaldo que la región ha dado a su gestión, si es que la Asamblea, donde tiene mayoría, se empeña en no escuchar las demandas que en torno a la Ley de Recursos Hídricos y al tema minero formulan varios sectores sociales.

Al menos, y tras una prolongada calma, esta semana se constató una sensación de descontento: volvieron el gas lacrimógeno, las marchas y las detenciones en medio del cierre de vías interprovinciales, sobre todo en el sector de Victoria de Portete, donde se afincó un grupo que reivindica como un derecho el acceso libre al agua y condena la explotación minera a gran escala –también con la intención de asegurar la provisión del líquido vital–.

Y el primer día de protesta, justamente cuando la Asamblea Nacional se disponía a iniciar el segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, hubo detenidos en medio de una acción policial calificada como exagerada. Las fotografías captadas en los fríos páramos del Portete de Tarqui son elocuentes: en una de ellas, por ejemplo, tres policías se llevan a rastras a un dirigente comunitario de cuyas prendas está aferrada su madre, una anciana mujer campesina que intenta alcanzar el brazo del hijo; ambos tumbados sobre el asfalto mojado, mientras otro grupo de policías reprime a quienes reclaman por el hecho.

¿Fue necesaria esa demostración de fuerza?


Y la situación de protesta amenaza con radicalizarse por una tozuda posición política que no siente, como lo sentimos en el Sur, descontento y desencanto.

El comentario en varios círculos es: ¿Y cuál es la salida que promoverá el cuencano Fernando Cordero Cueva, desde la posición privilegiada de presidente de la Asamblea, a la que llegó con el actual Gobierno?

Recuerdo cuando Cordero Cueva era alcalde de Cuenca, y por lo tanto acérrimo defensor de Etapa, Empresa Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado –de hecho trataba de mostrarse en el contexto nacional como paladín de la descentralización y Etapa era el arma para denostar contra el “Estado centralista”–. Eventualmente pedía a sus asistentes, cuando estaba al frente de una gran cantidad de periodistas, que le trajeran un vaso con agua obtenida directamente en la llave de su despacho. Y lo bebía frente a las cámaras.

Así impresionaba a los periodistas y sancionaba a las empresas que, desde aquel entonces, embotellaban el líquido para, a través de recursos “marketineros”, otorgaban “estatus superior” a quienes iban por allí exhibiendo en una mano, o en uno de los bolsillos de su mochila, una botella plástica con un poco de agua.

El Corcho –perdón, es la primera vez que le llamo así– debería reflexionar y pedir a uno de sus asesores, en la Asamblea Nacional, un vaso con agua obtenida en la llave de su despacho, tomarse unos tragos y después declararse opuesto a los intereses privatizadores del agua que, según denuncian los protestantes, tiene el actual proyecto de ley.

Después de todo, ellos solo piden consenso, y Cordero necesita demostrar que el agua no sirve solamente para lavarse las manos.

Artículo publicado en EL UNIVERSO