Foto tomada de GUA 3.0
Que Cuenca es una urbe segura “para propios y extraños” es hoy por hoy una percepción que pocos se atreven a defender.
Pruebas al canto. En el pasado feriado de Semana Santa varios delincuentes vaciaron, literalmente, las bóvedas del Monte de Piedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, donde 3.200 personas tenían sus joyas como garantía de los préstamos que ofrece la entidad. Se calculó que el monto del perjuicio llegaba a 2,7 millones de dólares, por 6.136 garantías prendarias. Los delincuentes dejaron su seña particular: perforaron con martillos neumáticos cuatro paredes en una operación que no dejó rastros de sus autores y sin espacio de reacción para policías ni representantes de la institución. Hasta hoy nada está claro.
Y como si ello fuera poco, en el Día del Padre un robo similar ocurrió en una conocida joyería del Centro Histórico –por la forma de operar seguramente se trató de la misma banda–. Desde una oficina colindante perforaron dos paredes y se llevaron 3.000 gramos de oro en joyas trabajadas. Esta operación fue más audaz, ocurrió a 50 metros del Comando del III Distrito de Policía y los cacos tampoco dejaron huellas ni espacio de reacción para los responsables de ofrecer seguridad a los ciudadanos.
Claro que en rigor se debe explicar que entre robo y robo, a diario, los asustados habitantes de la otrora pacífica ciudad soportan constantes asaltos a mano armada, estruches, secuestros express, extorsiones, estafas, agresiones, etcétera.
Un reciente caso recordó a las autoridades provinciales que el tema de la inseguridad se mantiene intacto, que sus víctimas no olvidan, que la tarea no está hecha. El sábado 3 de junio una banda de delincuentes irrumpió en una agencia bancaria y tras llevarse los depósitos protagonizaron una huida en la que tomaron como rehén a Carlos Salamea Chaca, ciudadano de 64 años que aquella mañana fue secuestrado con su vehículo por los bandidos, cuando regresaba a su domicilio.
Salamea cayó en el enfrentamiento entre la Policía local y los ladrones, y aunque se le quiso vincular con ellos, el representante del Gobierno en el Azuay admitió esta semana que fue una víctima inocente de las balas policiales, y ofreció a nombre del Estado una indemnización.
(Claro que ese desagravio post mórtem quedará en los límites de la ciudad, pues al día siguiente del asalto el diario Extra publicó una descarnada fotografía de Salamea tendido en el piso, abaleado y empapado en su propia sangre, imagen acompañada de un burdo pie de foto que lo involucraba como cómplice de los delincuentes. Aquella mañana la familia Salamea seguramente creyó ver a una amenazante serpiente que salía de esas páginas para conminarles a que demuestren la inocencia de Carlos. Para el resto del país, él será por siempre un delincuente que cayó en su propia ley).
La demanda de seguridad de parte de los ciudadanos no tiene plazo. Quienes sí están condicionados a cumplir con sus obligaciones son los integrantes del Consejo de Seguridad, que bastante dinero manejan por los recargos en los servicios públicos, y los de la Policía, que hoy tienen hasta un helicóptero para patrullar la ciudad. No responder a esta demanda los desnudará como incompetentes.
Para ellos no hay otro adjetivo.
Artículo publicado en EL UNIVERSO