Que la delincuencia actúa con extrema violencia, es un hecho que aterra. Pero que la Policía aporte irresponsablemente a aquella espiral de violencia, ubica a los ciudadanos comunes en medio del fuego cruzado.
Ocurre en el Azuay. Y el caso más reciente es el de Edwin Barros Velín, un universitario que la madrugada del jueves cometió una contravención grave (conducir en estado etílico) cuya sanción (prisión de treinta a ciento ochenta días y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales generales) fue reemplazada por la pena de muerte.
Aquella noche Barros Velín circulaba en su vehículo en compañía de cuatro amigos más cuando desde un patrullero le solicitaron detenerse. Como habían bebido, decidieron huir. Según un parte de radiopatrulla, a las 02:40 el teniente Israel Costales solicita refuerzos para detener el vehículo, y a las 02:51 una mujer policía con el rango de Subteniente comunica que interceptaron el jeep Chevrolet Blazer. En total diez patrulleros, 23 policías, lo rodean y algunos de ellos abren fuego.
El conductor recibe un disparo en la cabeza justo cuando pedía, por la ventanilla, que no disparen, que se todos entregarían. Los bajaron en medio de golpes, incluido al conductor que se desangraba. Tres horas después todos quedaban libres y Edwin Barros Velín iba para la morgue.
La respuesta oficial de la Policía demoró cuatro días, en medio de una insistente presión social por conocer su versión. Pero esta se limitó a un escueto comunicado del comandante de policía Edmundo Merlo, que sonó a amenaza: “pedimos a la ciudadanía que respete las disposiciones que se dan en los operativos policiales, para luego no estar lamentando situaciones como estas”.
Interpretando las palabras del comandante, exculpa a sus compañeros de uniforme y arma, y justifica el uso irracional de la fuerza en contra de quienes ellos consideren “sospechosos peligrosos”.
Los uniformados que actuaron en este caso seguramente desconocían las directrices contempladas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego: detención, uso progresivo de la fuerza, armas no letales y uso del arma letal, e investigación sobre su uso y apoyo psicológico al policía (en caso de uso justificado, por supuesto).
Al menos, Edwin alcanzó a ver a su madre, que vive desde hace once años en los Estados Unidos, pues ella había retornado tres días antes de los hechos, para pasar Navidad junto a su hijo único.
Según el documental “Archivos de la Comisión de la Verdad”, presentado en esta ciudad al día siguiente de la amenaza del comandante Merlo, en el país hay 456 víctimas –118 casos de violencia–, cuya aclaración está pendiente. Uno de ellos es el de Damián Peña Bonilla, un estudiante secundario que recibió un disparo en medio de los ojos cuando participaba en una manifestación callejera en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca. La bala era de dotación policial.
Por ello, como los azuayos se sienten cansados de tanta delincuencia y violencia, ayer marcharon nuevamente para exigir justicia. Lo grave es que exigen justicia no solo por la acción de los antisociales, sino por la reacción desmedida y antiprofesional de la mismísima Policía.