A fuego cruzado

Que la delincuencia actúa con extrema violencia, es un hecho que aterra. Pero que la Policía aporte irresponsablemente a aquella espiral de violencia, ubica a los ciudadanos comunes en medio del fuego cruzado.

Ocurre en el Azuay. Y el caso más reciente es el de Edwin Barros Velín, un universitario que la madrugada del jueves cometió una contravención grave (conducir en estado etílico) cuya sanción (prisión de treinta a ciento ochenta días y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales generales) fue reemplazada por la pena de muerte.

Aquella noche Barros Velín circulaba en su vehículo en compañía de cuatro amigos más cuando desde un patrullero le solicitaron detenerse. Como habían bebido, decidieron huir. Según un parte de radiopatrulla, a las 02:40 el teniente Israel Costales solicita refuerzos para detener el vehículo, y a las 02:51 una mujer policía con el rango de Subteniente comunica que interceptaron el jeep Chevrolet Blazer. En total diez patrulleros, 23 policías, lo rodean y algunos de ellos abren fuego.

El conductor recibe un disparo en la cabeza justo cuando pedía, por la ventanilla, que no disparen, que se todos entregarían. Los bajaron en medio de golpes, incluido al conductor que se desangraba. Tres horas después todos quedaban libres y Edwin Barros Velín iba para la morgue.

La respuesta oficial de la Policía demoró cuatro días, en medio de una insistente presión social por conocer su versión. Pero esta se limitó a un escueto comunicado del comandante de policía Edmundo Merlo, que sonó a amenaza: “pedimos a la ciudadanía que respete las disposiciones que se dan en los operativos policiales, para luego no estar lamentando situaciones como estas”.

Interpretando las palabras del comandante, exculpa a sus compañeros de uniforme y arma, y justifica el uso irracional de la fuerza en contra de quienes ellos consideren “sospechosos peligrosos”.

Los uniformados que actuaron en este caso seguramente desconocían las directrices contempladas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego: detención, uso progresivo de la fuerza, armas no letales y uso del arma letal, e investigación sobre su uso y apoyo psicológico al policía (en caso de uso justificado, por supuesto).

Al menos, Edwin alcanzó a ver a su madre, que vive desde hace once años en los Estados Unidos, pues ella había retornado tres días antes de los hechos, para pasar Navidad junto a su hijo único.

Según el documental “Archivos de la Comisión de la Verdad”, presentado en esta ciudad al día siguiente de la amenaza del comandante Merlo, en el país hay 456 víctimas –118 casos de violencia–, cuya aclaración está pendiente. Uno de ellos es el de Damián Peña Bonilla, un estudiante secundario que recibió un disparo en medio de los ojos cuando participaba en una manifestación callejera en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca. La bala era de dotación policial.

Por ello, como los azuayos se sienten cansados de tanta delincuencia y violencia, ayer marcharon nuevamente para exigir justicia. Lo grave es que exigen justicia no solo por la acción de los antisociales, sino por la reacción desmedida y antiprofesional de la mismísima Policía.

Y ahora qué, ¿a la picota?

Los cielos limpios de la Cuenca de la década del setenta eran perfectos para la materia Lugar Natal. Fueron las clases más entretenidas: Dejábamos las aulas para recorrer, primero, el perímetro de la escuela; luego nos arriesgábamos hasta los límites del centro histórico, más tarde llegábamos a los prados, a quince minutos de recorrido desde el viejo local de la escuela.

Hubo una caminata que se nos grabó de forma intimidante. Fue la visita a La Picota, una columna piramidal levantada en 1787 con cal y ladrillo, en cuyos vértices superiores sobresalen, horizontalmente, cuatro bloques –zoomorfos– de piedra, sobre ellas un monolito con una extraña figura.

“Aquí colgaban a los delincuentes, para el escarnio público”. Resultaba fácil sobrecoger a niños de ocho años con aquellas palabras. Ver, desde casi tres metros más abajo, esos bloques de piedra –imaginando a seres humanos colgando de sus pescuezos– era perturbador.

Todos regresamos temerosos a casa. Y juramos ser más obedientes, no vaya a ser que nuestra “mala educación” nos lleve a delinquir, y por lo tanto a la dolorosa experiencia de terminar guindados en la picota.

En la secundaria, seis años ininterrumpidos nos acompañó la imagen de La Picota. El recorrido del colectivo hasta el colegio pasaba por el barrio El Vecino, el más antiguo de la ciudad y “huésped” de este vergonzoso “monumento”.

Pero el temor ya había desaparecido. Los salesianos –que nos tenían tres de los cinco días de la semana aprendiendo oficios prácticos en talleres– decían que la delincuencia no siempre es producto de un mal corazón, sino fundamentalmente de la pobreza. Y aunque no la justificaban, decían que solo así, aprendiendo oficios, se la combatiría. Y, por ende, también a las picotas, pensaba.

Hoy tengo la impresión de que se quiere regresar a los tiempos de la picota. ¿Las pruebas? Decenas de mensajes en redes sociales que comentaban rabiosos la muerte de Bruno Barcos Betancourt, y otros que daban cuenta de la detención de dos sospechosos…

Mensajes, algunos, que, de la misma forma que lo hace la delincuencia, olvidaban los principios básicos de la convivencia humana, el Estado de derecho, la presunción de inocencia, y exigían picotas. ¿Que no nos debe preocupar? ¡Algunos de los que dejaban mensajes eran periodistas! Por qué no preocuparnos entonces.

No vivo en Guayaquil y por ello no siento el estado de desamparo ante la delincuencia en la que están sus ciudadanos. Pero la muerte de Bruno Barcos, que agitó el asunto e incluso sentó al gobernador Cuero y al alcalde Nebot a hablar de cómo enfrentar la inseguridad, deja también otras lecciones.

Una de ellas, la más visible, es la inequidad. En la marcha del martes anterior León Noboa, Juana Cantos, Norma Durán, Daysi Mera, Marilú Álava, Mariana Arzube… por citar unos nombres, también perdieron a sus hijos en manos de la delincuencia, solo que sus casos no fueron prioridad para Policía ni Fiscalía. Jerson García Jaramillo y Francisco Franco, dos niños que también murieron por la delincuencia, no tuvieron un padre periodista. Ni más periodistas alentando que se levanten versiones contemporáneas de picotas.

Nada debe justificar la violencia y la agresión. Ni siquiera la misma violencia.

No creo que en el retorno a la picota esté la solución.

Artículo publicado en EL UNIVERSO