El periodismo deportivo

“El periodista hincha no informa, sentencia. No analiza, insulta. No comenta, azuza. No razona, solo siente. No critica, odia.”

Este twitt es una de las saetillas que el periodista cuencano Juan Francisco Beltrán lanza a diario en su cuenta de Twitter; esta vez contra el periodismo deportivo (¿periodismo?) a propósito del cierre de campeonato con la desafortunada actuación del equipo local.

El Expreso Austral concluyó el año con una diáspora que le dejó solamente con el arquero en la plana de titulares. Ello desnudó, una vez más, a muchos hinchas con micrófono que se hacen llamar periodistas y que confunden sentencia con información; insulto con análisis; azuzo con comentario; sentimiento con razón, y odio con crítica.

No quiero generalizar, conozco a muchos reporteros serios y rigurosos del periodismo deportivo ecuatoriano, pero lamentablemente son minoría.

¿Entonces por qué referirme anacrónicamente a este tema que remite a hechos del cierre del campeonato? Porque precisamente un periodista deportivo, Guido Manolo Campaña, puso el ejemplo que reivindica a este género.

Él denunció la suplantación de identidad de Ángel Lizardo Cheme Ortiz por la de Gonzalo Javier Chila Palma, acto tramposo que favorecía la participación del primero en el fútbol ecuatoriano, rebajándose su edad.

Durante el proceso de investigación Campaña fue secuestrado, maniatado, golpeado y amenazado de muerte. Los captores conminaron a los compañeros del periodista para que no publiquen la historia, presión que no prosperó.

Guido Manolo Campaña es un periodista deportivo y de investigación de larga data. Y reincidente: no es la primera vez que pone en riesgo su integridad por un caso que demuestra el lado mafioso del deporte ecuatoriano; lo hizo ya en la década de los noventa con el caso de Moisés Cuero, jugador del Emelec que alteró su edad. En aquella ocasión también recibió amenazas.

Además investigó la red de corrupción en la construcción de escenarios deportivos, cuando el ex ministro del Deporte del actual régimen, Raúl Carrión, y varios de sus asesores, terminaron en prisión.

En todos estos casos Guido Manolo Campaña cumplió ante la comunidad como periodista. Quienes están rezagados son los otros actores: fiscales, jueces, dirigentes… El ejemplo puesto por este periodista deportivo debe calar en quienes están en el género. Porque se trata de superar la rezagada conducta de periodista hincha que tras el triunfo del equipo de su predilección ensalza, adula y lisonjea; o que se deprime y descarga su frustración lapidando a jugadores, árbitros o dirigentes, cuando el cuadro pierde.

Aclaración: En mi artículo A fuego cruzado, del jueves 9 de diciembre, erróneamente sostengo que la pena por conducir en estado de embriaguez es prisión de 30 a 180 días y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales. Lo correcto es: 3 días de prisión, 10 puntos menos de la licencia, multa de una remuneración básica y la detención del vehículo por 24 horas. En lo que no erré es en mi apreciación de que el policía Juan Alviño Chiluiza reemplazó esta sanción por la pena de muerte: es el autor del disparo que terminó con la vida de Edwin Barros Velín.

Artìculo publicado en EL UNIVERSO

A fuego cruzado

Que la delincuencia actúa con extrema violencia, es un hecho que aterra. Pero que la Policía aporte irresponsablemente a aquella espiral de violencia, ubica a los ciudadanos comunes en medio del fuego cruzado.

Ocurre en el Azuay. Y el caso más reciente es el de Edwin Barros Velín, un universitario que la madrugada del jueves cometió una contravención grave (conducir en estado etílico) cuya sanción (prisión de treinta a ciento ochenta días y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales generales) fue reemplazada por la pena de muerte.

Aquella noche Barros Velín circulaba en su vehículo en compañía de cuatro amigos más cuando desde un patrullero le solicitaron detenerse. Como habían bebido, decidieron huir. Según un parte de radiopatrulla, a las 02:40 el teniente Israel Costales solicita refuerzos para detener el vehículo, y a las 02:51 una mujer policía con el rango de Subteniente comunica que interceptaron el jeep Chevrolet Blazer. En total diez patrulleros, 23 policías, lo rodean y algunos de ellos abren fuego.

El conductor recibe un disparo en la cabeza justo cuando pedía, por la ventanilla, que no disparen, que se todos entregarían. Los bajaron en medio de golpes, incluido al conductor que se desangraba. Tres horas después todos quedaban libres y Edwin Barros Velín iba para la morgue.

La respuesta oficial de la Policía demoró cuatro días, en medio de una insistente presión social por conocer su versión. Pero esta se limitó a un escueto comunicado del comandante de policía Edmundo Merlo, que sonó a amenaza: “pedimos a la ciudadanía que respete las disposiciones que se dan en los operativos policiales, para luego no estar lamentando situaciones como estas”.

Interpretando las palabras del comandante, exculpa a sus compañeros de uniforme y arma, y justifica el uso irracional de la fuerza en contra de quienes ellos consideren “sospechosos peligrosos”.

Los uniformados que actuaron en este caso seguramente desconocían las directrices contempladas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego: detención, uso progresivo de la fuerza, armas no letales y uso del arma letal, e investigación sobre su uso y apoyo psicológico al policía (en caso de uso justificado, por supuesto).

Al menos, Edwin alcanzó a ver a su madre, que vive desde hace once años en los Estados Unidos, pues ella había retornado tres días antes de los hechos, para pasar Navidad junto a su hijo único.

Según el documental “Archivos de la Comisión de la Verdad”, presentado en esta ciudad al día siguiente de la amenaza del comandante Merlo, en el país hay 456 víctimas –118 casos de violencia–, cuya aclaración está pendiente. Uno de ellos es el de Damián Peña Bonilla, un estudiante secundario que recibió un disparo en medio de los ojos cuando participaba en una manifestación callejera en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca. La bala era de dotación policial.

Por ello, como los azuayos se sienten cansados de tanta delincuencia y violencia, ayer marcharon nuevamente para exigir justicia. Lo grave es que exigen justicia no solo por la acción de los antisociales, sino por la reacción desmedida y antiprofesional de la mismísima Policía.