La sentencia es lapidaria y está en plazas y parques: “Ladrón atrapado, ladrón quemado”.
El más reciente ejemplo de que la advertencia va en serio es la muerte, terrible y dolorosa, de Ángel Molina, un ciudadano de 50 años que el lunes 26 de julio fue secuestrado, llevado a la fuerza a la comunidad Unión Alta, en la parroquia rural de Baños, golpeado y quemado.
La noticia no causó mayor reacción entre los devotos ciudadanos de la Atenas del Ecuador. Fue un caso más que arrancó varios “bien hecho” entre quienes siguieron los detalles en medios locales.
Doce años atrás un crimen similar ocurrió en el cantón Chordeleg: a un sospechoso de ser delincuente –era de “raza negra”, como suelen particularizar ciertos policías y periodistas– le prendieron fuego en la plaza central de la comunidad, próxima al centro cantonal.
El entonces arzobispo de Cuenca, Alberto Luna Tobar, prohibió la celebración de eucaristías en todas las iglesias del sector hasta que aparezcan los culpables. Solo así se llegó a conocer, vía confesionario, hasta quién había prendido el fósforo criminal.
Pero en este caso casi nadie reclamó. Ni la piadosa Iglesia con toda su influencia en las comunidades rurales.
Los detalles del crimen espeluznan: aquella madrugada una moradora de Unión Alta alertó a sus vecinos de robos de cilindros de gas; enardecidos, salieron en busca de los culpables y en su sed de venganza llegaron hasta el centro de Cuenca, a unos doce kilómetros de donde presuntamente se cometió el delito, interceptaron una camioneta y la llevaron, contra la voluntad de su único ocupante, a la comunidad.
Allí golpearon al “sospechoso”. Fueron cerca de dos horas de torturas. Luego lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Terminaba así la vida de un hombre sumido en la infelicidad total: en 1993 Ángel Molina perdió a varios de sus familiares en el desastre de La Josefina; su madre murió arrollada por un vehículo; su esposa se ahogó en un río. Y él murió en el hospital con decenas de golpes y el ochenta por ciento de su cuerpo quemado.
Su culpa –esta conclusión es mía– fue conducir, de madrugada, una camioneta cuyas placas eran de la provincia de El Oro. Hurgando detalles de este hecho, di con un mensaje en la edición digital del diario El Tiempo: “Él es el señor quien me enseñó a trabajar y ahora soy quien soy. Él nunca fue un ladrón ni mucho menos un delincuente, lo confundieron, solo fue chofer de una camioneta que trabajaba haciendo carreras… ¡Descansa en paz tío mío!”.
¿A quién debemos responsabilizar de este crimen atroz cometido en nombre de una recurrente falta de acción de la justicia?
¿Acaso los “bien hecho” que se escucharon en torno al caso tienen justificación en la sensación de inseguridad que atenaza a nerviosos ciudadanos que purgan temores y resentimientos en piras humanas?
¿Debemos permitir que una leve sospecha nos convierta en justicieros ad honórem de las causas que, creemos, nadie se hará cargo?
No proclamo la inocencia inmaculada o la leve culpabilidad de Molina. De eso se encargará –debería encargarse– la Fiscalía. Pero sí exijo respuestas para dudas que hechos como este deja a quienes creemos que la justicia siempre se merece una oportunidad.
Artículo publicado en EL UNIVERSO
4 comentarios:
Estos comentarios me llegaron al correo:
Estimado. De siempre he defendido la postura indígena por los motivos de desamparo en repartir justicia.
Salvo hacerlo de una manera salvaje y sin pruebas fehaciente, a partir de hoy no hay justificación para su justicia, dando lo mismo robar un cilindro que una gallina o matar a un campesino. Al parecer es la misma vara de medir para los unos y para los otros. Tengo muchas dudas sobre el castigo que se da a los malhechores por parte del gobierno, pero llegado a extremos hay que perseguir a los justicieros que así proceden. Gracias.
Miguel Fernández
Almería, España
Concuerdo totalmente con su artículo.
Además que no existe la más mínima proporcionalidad entre el supuesto delito cometido y la magnitud de la pena (tortura y muerte en la hoguera).
No puede ser que nadie al parecer haya iniciado algún tipo de investigación para sancionar este atroz hecho Y que además, como Ud. bien afirma, ningún cuerpo colegiado, llámese Iglesia, Derechos Humanos, haya manifestado su preocupación y rechazo.
Dr. José Luis Jouvin
He llorado leyendo su artículo.
He llorado de impotencia, de rabia y de tristeza. De pena porque mi país va directo a los infiernos, de rabia porque el Ecuador cada día se sume más en la barbarie de la peor especie. Hemos retrocedido en civilización, y esto no tiene retorno; al menos no en lo inmediato.
El Ecuador está condenado a sufrir por su propia ignorancia, al elegir a personas incompetentes, oportunistas e indolentes. El Ecuador ha sido decapitado de sus instituciones más importantes como es la de la justicia. Sin un Fiscal digno de ese nombre y sin un mandatario responsable y patriota jamás recuperaremos el país que teníamos, que mal o bien era reconocido como un remanso de paz en la región.
Me ha dado pena leer en la edición del 2010 de la Unidad de Inteligencia de la destacada revista The Economist, que nuestro país tiene la tasa de asesinatos más elevada del mundo. Yo creía que ese lugar lo ocupaban Irak, Afganistán, o cualquier otro país en guerra; no señor, es el nuestro. Ni siquiera Colombia con sus décadas de guerras internas y convulsiones políticas no tiene ese triste récord.
¿Qué hacer?
Desde ya lo que usted acaba de hacer: Escribir, escribir y escribir las veces que sean necesarias para concientizar a los indiferentes y a los pocos buenos que quedan. Muchas gracias por eso.
Cuando leí la primera vez sobre ese caso en los periódicos en línea, igual pensé que ese pobre hombre a quien no se le había hecho una investigación previa, ni se le había dado la oportunidad de defenderse, podía ser inocente. Dejemos a la conciencia de sus innobles perpetradores ese horrible crimen que no tiene nombre.
Gracias a usted caballero por haber tocado ese tema, y por su infinita piedad con ese caso que nos horripila.
Es una pena tener que admitirlo, pero desgraciadamente hay que evitar de ir al Ecuador, si se quiere seguir en vida. Considero que en esas terribles condiciones nadie está exento de una injusticia o de ser alcanzado por una bala perdida.
Me solidarizo con quienes tienen que trabajar y vivir en ese ambiente de inseguridad extrema.
Muy atentamente
Wilma Vigneron.
Desde Noruega.
Estos comentarios me llegaron al correo:
Estimado Ricardo
Gracias por su artículo del diario El Universo ‘Ladrón atrapado, ladrón quemado’ , si al menos las personas tuvieran la mitad de respeto y sensibilidad suya por la vida humana, otra realidad me hubiera tocado ver y vivir; creo hemos perdido el norte, la sana razón y tantas cosas....
Qué tristeza.
César O. Acuña Luzuriaga
La culpa de esa infame atrocidad, recae en el gobierno de Correa, que con su ambición de poder permite toda clase de abusos y su inefable política CHAVISTA y deseo de dividir el país da visto bueno a toda clase de salvajismos. Adelante Lc. Tello, y felicitaciones por la valentía de denunciar a tan nefasto acto de barbarie.
Atte, Javier Camposano.EE.UU
Lo saludo y felicito por su artículo "ladrón atrapado, ladrón quemado" Ud. es en este caso es la voz de un hombre humilde al cual no conocí, y que pereció víctima de una "justicia" contraria a toda ley de los hombres o de Dios. Se necesita que uds, los columnistas de los diarios, alcen su voz de protesta ante estas barbaridades que se están cometiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Nosotros no tenemos pena de muerte y más aún sobre un delito de robo menor. Estoy segura que todos nos hemos horrorizado al ver que en ciertos países musulmanes cortan las manos a los ladrones y lapidan a las infieles. Ojo compatriotas, nosotros estamos cometiendo cosas muchos peores. Gracias por su atención. Soy una médica de 52 años, casada, madre y abuela y resido en Guayaquil.
Ileana María Faytong Jiménez
Comentario de Elizabeth Tómmerbakk, comunicadora, investigadora que desde hace dos años prepara su tesis de maestría sobre justicia indígena, profesora universitaria:
"No entiendo por qué las organizaciones de DD.HH no se involucran o se pronuncian en estos casos. Justicia por mano propia viola todos los derechos del individuo, pero nunca se hacen presentes. Cuando se maltrató a una ecuatoriana en el metro en España causó conmoción nacional, pero cuando se quema vivos a seres humanos en nuestro propio país, termina siendo únicamente un caso más en las páginas de crónica roja o sucesos. El que la justicia no funciona se ha convertido en un pretexto al que recurrimos una y otra vez para justificar y de alguna "legitimar" crímenes grotescos que cada vez más nos alejan de lo significa ser un estado de derecho. De alguna manera vemos que el sistema de justicia no ha logrado enfrentar y solucionar los problemas que representa el crímen organizado y la violencia, sobre todo en zonas periféricas donde la presencia del Estado es débil, pero eso no significa que un supuesto crímen se pueda resolver con otro mucho más grave e inhumano. "
Magnífico artículo.
Abundando un poco en tu idea, pienso que al "monstruo" se lo ha alimentado desde las altas esferas gubernamentales y desde las mismas entrañas de la sociedad (con todas sus figuras y estamentos, entre los que incluyo a los medios de comunicación).
En este caso, la Fiscalía debe actuar de manera efectiva contra los autores, cómplices y encubridores de este asesinato, ya que así se sentaría un precedente.
Luego, cada uno de nosotros debería obrar en consecuencia, actuando con responsabilidad y poniendo en contexto todo lo que decimos y escribimos. Constantemente hablamos de la inseguridad que reina en las ciudades de Ecuador. Lo ideal sería atacar las causas que generan esa inseguridad, dejando de lado la manida idea de solicitar policías. Creo que la fórmula es más libros y escuelas,y menos soldados y policías (por ende, menos cuarteles).
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