Una ley que no mejorará el periodismo

Conclusión: el país ha perdido la gran oportunidad de contar con una ley que garantice lo que acertadamente se incluyó en la última Constitución de Montecristi: el derecho a una “comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa”, como lo establece el numeral 1 del artículo 16, Sección Tercera. A una comunicación como condición humana vital como lo es respirar. No solamente la comunicación mediática, sino otra mucho más amplia.

Lamentablemente el intento naufragó en medio de los cálculos y cabildeos políticos; de la egoísta posición de detractores que antepusieron sus intereses de grupo; de la mediocridad de asambleístas que en su momento fueron hábiles políticos capaces de reemplazar “constitucionalmente” a presidentes, de organizar golpes de Estado o de ejercer un periodismo sensacionalista. Porque fueron todo menos legisladores con solvencia moral y académica.

Y lo que dieron forma no fue una ley que esté a la altura de lo que manda la Constitución. Conformaron una serie de remiendos que pretenden enseñar a ejercer un “mejor periodismo”. Entonces en su proyecto nos dicen que los periodistas debemos contrastar y verificar. Dos lecciones que se enseñan en los primeros niveles de las escuelas de comunicación social, y que si bien hay periodistas que no contrastan ni verifican, han sido los políticos quienes se han beneficiado de la deficiencia y falta de rigurosidad profesional. Sus denuncias catapultaron a muchos a los escaños del Congreso, hoy Asamblea. Ellos, que tuvieron falta de escrúpulos para lanzar especulaciones, encontraron periodistas mediocres que les hicieron el juego.

Y fue el Gobierno el que terminó sembrando dudas cuando, en la práctica, contradecía lo que pretendía regular: la posibilidad de aplicar la cláusula de conciencia para negarse a “desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación”, como ocurrió en El Telégrafo.

Todos le fallaron al país. Los promotores de la ley, y quienes se sentían amenazados.

Dicho sea de paso, he leído con atención el proyecto de Ley de Comunicación en más de una ocasión buscando los argumentos que me den la licencia de llamarla “Ley Mordaza”, y no los he encontrado. Que perdonen mis limitaciones quienes piensan lo contrario.

Tampoco creo que la ley, como está, vaya a garantizar la asignación de frecuencias de radio y televisión “con métodos transparentes y en igualdad de condiciones”, como manda la Constitución. Si esa fuera la intención, ya se estarían revirtiendo al Estado todas las frecuencias entregadas de forma ilegal y antiética, como lo demostró el informe de la comisión auditora formada por la transitoria vigésimo cuarta de la Carta Magna.

En todo este proceso faltó pedagogía de ambos lados: Gobierno y prensa; pedagogía para involucrar al ciudadano en la elaboración de la Ley de Comunicación. Por eso la apatía demostrada por varios sectores, especialmente de los que no estamos en ese eje bicentralista Quito- Guayaquil. Porque nunca fuimos convidados a la elaboración de una ley –que sí nos afectará a todos– mientras nos llenaban con temores a un Consejo de Comunicación que finalmente no podrá clausurar medios.

Y ahora tenemos una ley que no mejorará el periodismo.

Artículo publicado en EL UNIVERSO

¡Y quién dijo que necesitamos una ley!

Francisco ejerce el periodismo, y quiso aprovecharlo para llegar a ser diputado. Él integraba la “lista negra” de un medio local, por lo que nadie podía exhibirlo en esas páginas. Un día, presionados por la inoperancia de un fotógrafo que hizo una única toma, pusieron la gráfica de un candidato presidencial acompañado del personaje vetado. Para no transgredir la prohibición, con la ayuda de un programa de edición gráfica, colocaron cabello en la calva de Francisco.

Carlos es un indígena activista y antiminero. Está en la misma lista que Francisco. Abogado, con postgrado en derecho ambiental, se lo invisibiliza desde hace una década. Los dueños de ese medio deciden quiénes salen y quienes no en las páginas de su diario.

Francisco y Carlos necesitan una ley que garantice sus derechos para acceder a medios privados, y los ciudadanos una que impida que los periodistas se aprovechen del oficio para llegar a ser diputados.

Marco es un reportero deportivo muy comprometido. Nunca rehúsa una asignación, por lo que investigar casos de corrupción en la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca no fue la excepción. Durante varios días el compromiso de Marco se estrelló contra las puertas cerradas, documentos incompletos y muestras de desprecio de dirigentes. Documentos públicos inesperadamente recibían la categoría de “clasificados”.

Reporteros como Marco necesitan una ley que garantice su derecho a acceder a la información pública.

A Badillo lo sientan frente a un detector de mentiras cuyos resultados pocos países los consideran pruebas concluyentes en procesos de investigación. Acusado, juzgado y sentenciado por complicidad en la desaparición de dos jóvenes colombianos, Badillo asiste a un show televisivo cuyo promotor dicta sentencia: inocente. Badillo, con un estilo deportivo y con lágrimas en los ojos dice: ¡gracias país..! Pero Badillo no está libre de culpa solo por prestarse al show, ni tampoco ha explicado aún lo que ocurrió con Jaime Otavalo, un detenido que fue investigado por él.

La memoria de los hermanos Restrepo – y de Otavalo- merecen una ley que les haga justicia.

Guido tomó una decisión temeraria: a sus 38 años, soltero y vinculado a la masonería, bebió una copa de cianuro líquido mientras en la sala de su casa escuchaba la ópera Rigoleto, de Giuseppe Verdi. Sus familiares evitaron la escena a su madre, Blanca, y solamente unos agentes ingresaron, tomaron pruebas, datos y fotos. Al día siguiente, en un vespertino, la foto captada por el agente y entregada a una reportera apareció a cinco columnas con un titular que decía: Ebrio se quitó la vida. Blanca no pudo recuperarse y se dejó morir por inanición: un mes después del suicidio se reunió con Guido. Madre e hijo merecen una ley que impida que violen su intimidad.

La semana anterior me telefoneó un periodista para entrevistarme sobre los proyectos de ley de comunicación – que deberían ser de medios, pues la comunicación es un espectro mucho más amplio - y le dije que le respondería solamente si dejaba de llamarme de su celular personal y lo hacía desde uno facilitado por su empresa. Hasta ayer esperé la llamada.

En verdad, todos necesitamos una ley que vele por nuestras obligaciones y nuestros derechos.